En la Argentina, se estima que los gastos tributarios equivalen al 2.5% del PBI, y si a ello se suman otros beneficios impositivos, el monto asciende a 4.7%. Además, la mayoría de estos beneficios se otorgan en un marco de total opacidad.
Frente a este panorama, desde ACIJ elaboramos el informe Gastos Tributarios Transparentes y Equitativos: Propuesta de Reforma para la Implementación de Beneficios Fiscales en Argentina. El informe aborda la necesidad de reformar la Ley Nacional de Procedimiento Tributario N° 11.683, proponiendo cambios fundamentales en materia de transparencia y rendición de cuentas, basados en estándares de Derechos Humanos y experiencias internacionales.
La eficacia, la eficiencia y la equidad de un sistema fiscal radican en su capacidad para garantizar los derechos humanos en condiciones de igualdad. Sin embargo, la realidad argentina muestra una recaudación ineficiente, insuficiente e inequitativa, con pérdidas significativas de recursos debido a privilegios y mecanismos fiscales abusivos, respaldados por la falta de transparencia y control adecuado.
La historia fiscal argentina, marcada por la opacidad, la falta de participación ciudadana y la consecuente influencia de sectores concentrados de la economía, ha llevado a un sistema impositivo regresivo con beneficios fiscales injustos y altos niveles de evasión.
En un contexto regional similar, se revela que los gastos tributarios representan pérdidas sustanciales, llegando al 3.8% del PBI en 2020 en América Latina.
En Argentina, se estima que los gastos tributarios equivalen al 2.5% del PBI, y si a ello se suman otros beneficios impositivos no conceptualizados como gastos tributarios, el monto asciende a 4.7% del PBI, comprometiendo recursos equivalentes al presupuesto de varios ministerios y programas sociales clave.
Aunque algunos incentivos fiscales pueden tener objetivos nobles (como las reducciones que se aplican en el IVA a productos de primera necesidad), a menudo benefician a sectores de altos ingresos, generando privilegios fiscales.
Para revertir esta situación y contar con información que permita monitorear el cumplimiento de los objetivos que se proponen este tipo de beneficios, la propuesta establece buenas prácticas para la creación, implementación, control, evaluación y eventual derogación de beneficios fiscales, buscando una gestión más transparente y participativa.
El informe también propone modificaciones al artículo 101 de la Ley 11.683, que regula el secreto fiscal, buscando eliminar la confidencialidad en los casos en los que los contribuyentes sean beneficiarios de gastos tributarios, exoneraciones, incentivos, beneficios u otros tratamientos fiscales diferenciados.
Por último, el documento destaca la necesidad de abordar los gastos tributarios desde una perspectiva de derechos humanos y género, asegurando que contribuyan efectivamente a la igualdad de oportunidades.