Los números no cierran para el trigo y sus efectos se verán plasmados en la próxima campaña. Según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), la intención de siembra para la próxima campaña, que comienza en menos de un mes, se ubica en 5,9 millones de hectáreas, prácticamente sin variaciones respecto a la anterior, a pesar de que las condiciones climáticas y de humedad en los suelos son sustancialmente mejores que las del año pasado, y un 6,9% por debajo del promedio de los últimos cinco ciclos agrícolas, cuestión por la cual los productores piden de manera urgente la eliminación de retenciones para el cereal.
«A pesar de la considerable mejora en las reservas del perfil, la previsión de un año atravesado por el fenómeno “La Niña”, lleva a muchos productores a optar por realizar barbechos largos, con el objetivo de reservar la humedad almacenada recientemente para los cultivos de gruesa del próximo ciclo. Por otro lado, el marco económico establece algunos obstáculos a la hora de definir el planteo productivo del cereal. Los costos elevados de los insumos dados los precios del cereal comprimen los márgenes proyectados afectando la competitividad del cultivo», indicó el informe de la BCBA.
Más allá de que todavía no está totalmente confirmado la presencia de una nueva Niña a partir de la primavera, son las cuestiones económicas del negocio las que más impactan a la hora de tomar la decisión de si sembrar o no trigo.
Uno de los puntos centrales recae en los precios del cereal, los cuales «han sufrido un proceso deflacionario en los últimos años. Específicamente, el trigo primera posición de Kansas, ha mostrado prácticamente una tendencia decreciente desde los máximos alcanzados en 2022. Aunque en agosto de ese mismo año, los precios experimentaron un breve repunte que perduró apenas 2 meses. Actualmente, dicha cotización se ubica en valores cercanos a los US$ 212 la tonelada, lo que representa una caída del 32% en comparación con abril del año pasado y un -14% respecto al promedio de los últimos 5 años».
En el plano local, – apunta el trabajo de la Bolsa porteña – desde principios de marzo, el precio promedio FOB a cosecha del trigo en Argentina ha experimentado una recuperación, alcanzando los USD 230 por tonelada, lo que representa un incremento del 10%, o una ganancia acumulada de UIS$ 20 por tonelada. Este aumento se produce después de las significativas caídas registradas desde abril del año anterior, que resultaron en una reducción acumulada del 19%.
Desde el punto de vista de los costos de producción, los precios de los fertilizantes han mantenido
su nivel e incluso algunos han registrado aumentos. Específicamente, la urea y el fosfato diamónico han
experimentado incrementos del 23% y 5% en comparación con el año pasado. Los precios de los herbicidas también han aumentado en un 5%, mientras que solo los combustibles han mostrado una disminución del 2% respecto a abril del año pasado.
«En términos concretos, actualmente se requieren 4,55 y 3,22 toneladas de trigo para adquirir una
tonelada de fosfato y urea, respectivamente, lo cual supera el promedio de los últimos cinco años, que era de 3,67 y 2,79 toneladas. En lo que respecta al combustible y a los herbicidas, el cociente ha desmejorado un 16% y 17% en comparación con abril del año pasado, siguiendo una tendencia similar», concluyó el trabajo.
Retenciones
Ante este panorama, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) volvió a solicitar la eliminación de los derechos de exportación a los granos, en especial, al trigo, que según su visión, «estrangula de muerte la rentabilidad de los productores, ya que se suma a una cuenta vampiro de erogaciones que se chupa toda posibilidad de ganancia».
«En esa larga lista de costos deben merituarse los gastos de comercialización, semillas, fitosanitarios, fertilizantes, labores, seguros, ellos sin contar el aspecto impositivo presente en todos los eslabones de la cadena. Juntos, sumados a las retenciones, definen un combo explosivo que provocaría una cosecha de quebranto y una consecuente caída en la inversión en tecnología y en la calidad de los cultivos, afectando no sólo a los agricultores, sino también repercutiendo en toda la cadena de valor», puntualizaron desde CRA.
«Ante semejante panorama, resulta fundamental reconocer que las retenciones no sólo impactan negativamente en el sector agropecuario, sino que también obstaculizan el desarrollo económico y social de nuestras comunidades rurales. Al desincentivar la producción y la inversión, estas políticas están frenando el crecimiento económico y perpetuando la desigualdad en nuestro país. Instamos a las autoridades a revisar urgentemente estas políticas y a trabajar en la implementación de medidas que promuevan un ambiente propicio para el desarrollo de la producción triguera, y donde, la eliminación de los derechos de exportación, debiera ser la primera de ellas», concluyó el comunicado.